Violencia laboral en México: Urge aplicación del Convenio 190, pero hay poca claridad institucional

La violencia laboral es un problema urgente en México. Sin embargo, las instituciones enfrentan poca claridad para implementar de forma adecuada e integral el Convenio 190 (C190) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Así lo establece un estudio conjunto de las asociaciones civiles Intersecta, Fundación Avina e Iniciativa Arropa, Hacia la construcción de mundos del trabajo libres de violencia: diferentes perspectivas en torno a las necesidades de armonización legislativa del C190 en México.

El Convenio 190 de la OIT se destaca como el primer instrumento en el mundo que garantiza el derecho a una vida libre de violencia y acoso en el ámbito laboral. En México, este convenio fue ratificado el 6 de julio de 2022 y entró en vigor en 2023."

Tras la entrada en vigor del Convenio 190, México debía adecuar su legislación para cumplir con sus obligaciones internacionales. No obstante, persisten brechas legislativas entre el C190 y la normativa laboral mexicana.

"Existe poca claridad en las instituciones sobre cómo abordar la implementación del convenio, desde la adaptación legislativa hasta los ajustes internos de sus marcos normativos", se destaca en el informe. 

El documento señala que hay opiniones diversas entre las instituciones clave respecto a su papel y obligaciones para establecer un entorno normativo que beneficie de forma considerable la calidad de vida de los trabajadores.

"Con ruta de implementación nos referimos a que, a cada actor involucrado, autoridades del trabajo, centros laborales, cámaras de comercio, sindicatos y personas trabajadoras tengan claros los contenidos de la o las reformas en materia de acoso y violencia, conozcan los mecanismos de prevención, atención y sanción, y tengan la capacidad de traducir las disposiciones legales en acciones y recursos concretos”, argumenta.

Según el documento, la materialización del Convenio requiere la creación de manuales, protocolos, buzones de quejas, mecanismos de conciliación y vías de reparación y restitución del daño, los cuales deben adaptarse a la realidad de cada espacio de trabajo.

“Considerando la capacidad y diversidad de los centros de trabajo, sobre todo los pequeños, el Estado tendría que asumir la función de guía para facilitar los procesos de materialización y cumplimiento de la legislación”, refiere.

Necesarias diversas modificaciones en la legislación

En el informe se apunta que es necesario implementar diversas modificaciones en la legislación mexicana para que se alinee con lo que dispone el Convenio 190.

El texto señala que, si bien se han presentado iniciativas legislativas enfocadas en traducir elementos puntuales del Convenio 190 a la normativa mexicana (incluyendo definiciones de violencia laboral, identificación de personas protegidas y mecanismos de apoyo), un gran número de estas propuestas no capturan la integralidad de los alcances y objetivos del C190.

“En cualquier caso, no ha prosperado ninguna propuesta legislativa para armonizar la legislación con el C190 y aún existen brechas importantes entre la legislación nacional y la norma internacional”, resalta.

En ese sentido, la Diputada, Patricia Mercado, comenta que las reformas que se deben realizar requieren criterios o procedimientos para las y los empleadores.

“Espero que el Congreso de la Unión pueda retomar los esfuerzos para materializar este Convenio como un acto de justicia especialmente hacia las mujeres que aún no han sido beneficiadas con la enorme ola de reformas laborales aprobadas en los últimos años”, apunta.

Señala que la definición establecida en el C190 podría generar un mayor trabajo con los sectores de trabajadores informales, “en México sabemos, que tenemos una incidencia muy grande de la informalidad y estas formas de trabajo nos dejan claro que nuestra noción de diálogo social ahora con este informe que se presenta”.

“Lo que estamos tratando de hacer es que ese proceso legislativo sea lo más plural posible y ya construyendo los acuerdos con el Ejecutivo, las bancadas en el Congreso y las organizaciones de la sociedad civil, poder avanzar. Hay que volver a empezar, sin embargo, esperemos, pueda ser posible un avance, México va a tener que dar su segundo informe en 2027 y de aquí a ese año, podríamos parte del informe que dé México cómo hemos avanzado”, comenta.