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¿La elección de jueces hará de México el país más democrático del mundo? Los críticos temen lo contrario
Lenia Batres, quien aspira a formar parte de la Corte Suprema mexicana, habla a sus seguidores en Ciudad de México.
El domingo, México celebró unas elecciones sin precedentes, convirtiéndose en el primer país del mundo en permitir a los votantes elegir jueces a todos los niveles.
El 1 de junio, los votantes eligieron aproximadamente a la mitad de los jueces del país, desde los nueve miembros del Tribunal Supremo hasta 850 jueces federales y miles más en los niveles inferiores. En 2027, en una segunda votación, se elegirá al resto del poder judicial mexicano.
Como parte de la reforma, se abolirá el sistema judicial de carrera, aprobado por decreto durante la presidencia de Ernesto Zedillo y basado en el mérito. En su lugar, todos los jueces desempeñarán mandatos de nueve años, renovables por votación popular.
La elección había sido defendida por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y abrazada por su sucesora, Claudia Sheinbaum, quien asumió el cargo en octubre de 2024.
Sheinbaum ha proclamado que México será “el país más democrático del mundo” porque ahora el pueblo elegirá a los tres poderes del Estado.
Claudia Sheinbaum se dirige a simpatizantes en el Zócalo, la plaza principal de la Ciudad de México, el año pasado. Foto: AP
Los críticos no están tan seguros. Algunos califican el proceso de farsa cínica. Otros advierten que concentrará el poder en Morena, el partido gobernante, y sus aliados políticos, desmantelando el sistema de contrapesos del país.
Los críticos también advierten de que podrían elegirse jueces inexpertos o influidos por el crimen organizado. Algunos candidatos han sido investigados por delitos, y al menos dos son antiguos abogados defensores de cárteles de la droga.
El expresidente Ernesto Zedillo, actual director del Centro Yale para el Estudio de la Globalización, ha llegado a declarar que la propia democracia “ha llegado a su fin en México”.
Un partidario de Yasmin Esquivel, candidata a la Corte Suprema de México, sostiene un folleto de campaña en el mitin de cierre de su campaña en Ciudad de México. Foto: AP
¿Por qué reformar el poder judicial?
Durante su mandato, de 2018 a 2024, López Obrador libró una batalla retórica con los tribunales mexicanos, acusando a los jueces de servir a las élites y bloquear su agenda.
En realidad, lo que molestaba a López Obrador era el hecho de que los tribunales tuvieran el poder de revisar y restringir sus acciones mediante la supervisión constitucional.
Sheinbaum parece compartir su hostilidad hacia el poder judicial. Arturo Zaldívar, expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que diseñó el sistema de reforma judicial y más tarde se unió al gabinete de Sheinbaum, ha acusado a la presidenta saliente, Norma Piña, de ser “una fuerza de oposición aliada con la oligarquía”.
En septiembre de 2024, Morena utilizó su mayoría parlamentaria para impulsar una serie de enmiendas constitucionales con el fin de promulgar la reforma judicial.
En respuesta, los jueces abandonaron sus puestos de trabajo. El personal judicial, los abogados y los estudiantes de derecho salieron a la calle en apoyo a la huelga, algunos con pancartas en las que se leía “la justicia no es un concurso de popularidad”.
Trabajadores judiciales protestan contra la reforma promovida por el partido gobernante en la Ciudad de México el año pasado.
Los expertos señalan que la reforma no hace nada para solucionar los verdaderos problemas de la justicia en México: la corrupción rampante y los abusos que plagan el sistema. Las instituciones que permiten a los delincuentes actuar con impunidad no son los tribunales, sino los fiscales y la policía.
Human Rights Watch informa que casi la mitad de los mexicanos tienen “poca o muy poca confianza” en las autoridades judiciales del país. Nueve de cada diez mexicanos ni siquiera se molestan en denunciar los delitos.
Los peligros de las elecciones judiciales
La elección de jueces es una idea llena de peligros. La justicia internacional considera la independencia del poder judicial como un derecho humano fundamental. El artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1978, un tratado internacional para América del Norte, Central y del Sur, garantiza a toda persona “el derecho a ser oída por un tribunal competente, independiente e imparcial”.
Las elecciones populares invitan precisamente a lo contrario. Como advierten los expertos de la ONU, las campañas electorales inevitablemente introducirán “lealtad política o alineación con los intereses del partido” en la selección de jueces, en lugar de competencia e imparcialidad.
Además, los principales teóricos del derecho llevan mucho tiempo advirtiendo que la politización del poder judicial socava el estado de derecho.
El jurista estadounidense Ronald Dworkin argumentó que los jueces deben decidir según principios, no según las corrientes políticas. La noción del jurista italiano Luigi Ferrajoli de una “democracia basada en garantías”, que tiene una gran influencia en América Latina, insiste igualmente en que los jueces deben estar aislados de las negociaciones partidistas.
Incluso en Estados Unidos, donde algunos estados celebran elecciones judiciales, los académicos lamentan sus efectos corrosivos.
Como señala un estudio, “las personas adineradas y las empresas pueden invertir grandes cantidades de dinero (…) para elegir y reelegir a jueces que decidan los casos a su favor”.
Los detractores del multimillonario Elon Musk criticaron su decisión este año de invertir 21 millones de dólares estadounidenses en la campaña de un candidato conservador al Tribunal Supremo de Wisconsin. En un comentario que publicó en X, Musk dijo que no esperaba ganar, pero que “perder una pieza para ganar posición tiene su valor”.
Elon Musk entrega un cheque por valor de un millón de dólares a un votante de Wisconsin en marzo.
Bolivia ofrece otro ejemplo aleccionador. Desde 2011, este país sudamericano celebra elecciones para elegir a los jueces de sus tribunales superiores en un esfuerzo por “descolonizar” el sistema judicial y luchar contra la corrupción.
En la práctica, sin embargo, solo los jueces previamente aprobados por la mayoría parlamentaria del partido gobernante pueden presentarse a las elecciones. Los votantes tampoco saben mucho sobre los candidatos. La participación es muy baja.
Los tribunales, cada vez más atacados
Es cierto que el sistema judicial mexicano necesita una reforma. Pero sus múltiples problemas no se resolverán con la politización generalizada de los tribunales.
Como observa sin rodeos el académico argentino Roberto Gargarella, elegir a los jueces de esta manera es “una de las mayores tragedias institucionales de nuestro tiempo”.
El esfuerzo de reforma de México amenaza con convertir a los tribunales en un simple aparato más del partido. En ese sentido, México se suma a una inquietante tendencia mundial. Desde Washington a Brasilia, los líderes populistas atacan cada vez más a los tribunales como enemigos del pueblo.
Con los tribunales mexicanos potencialmente sometidos al Gobierno o influenciados por el crimen organizado, puede resultar mucho más difícil encontrar jueces neutrales. Si la historia nos enseña algo, es que la noche del autoritarismo se vuelve más oscura cuando desaparecen los últimos jueces.
